La semana pasada el Gobierno acordó reformar el Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio para enseñanza postobligatoria no universitaria (Bachillerato y FP), grados y máster aumentando un 22% la partida económica. «Es la mayor inversión en una década» según Isabel Celaá.
Con este aumento en la cuantía se busca igualar las oportunidades y el derecho a la educación de todos los alumnos independientemente de su situación socioeconómica (si algo ha dejado claro la COVID 19 en materia de educación es que la brecha no solo existe sino que es más grande de lo que se pensaba).
Para otorgar estas becas, los requisitos de los alumnos también variarían. La reforma estaría enfocada especialmente a los alumnos con menos recursos, por lo que en el caso del umbral 1 se modificarían los límites de la renta familiar que determinan qué componentes de beca se pueden recibir además de poder percibir una mayor ayuda económica. Para los alumnos que se sitúan por debajo del umbral 1 y que tienen acceso a la beca completa con matrícula incluída, la cantidad de la beca también ascendería.
Si hasta ahora solo podían solicitar una beca las personas con un 33% de discapacidad como mínimo, a partir de ahora los alumnos con TEA también podrán tener acceso a las ayudas para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo.
Pero esta reforma también afecta a los requisitos académicos. Sí seguirá siendo necesario aprobar el curso anterior pero la nota que se requerirá para poder optar a una beca será inferior de la que era ahora en todos los casos. Eso sí, se seguirá premiando a los estudiantes con mejores resultados ya que en las becas, compuestas por una cantidad fija y otra variable, la cuantía variable subirá o bajará un mínimo de 60€ en función de la nota media del expediente académico del solicitante.
La cuestión ha despertado el debate entre quienes apoyan un sistema de becas más grande y más repartido entre alumnos con dificultades económicas (que en muchos casos sin estas ayudas no podrían continuar con su formación) y los que apoyan que este tipo de beneficios económicos deberían estar regidos única y exclusivamente por criterios académicos (recordemos que existen las becas de excelencia que premian al alumno por sus resultados).